
Estudiantes de dos instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires decidieron ocupar sus establecimientos por tiempo indeterminado, como medida de fuerza para reclamar por la situación de la educación pública superior. La resolución se adoptó durante asambleas realizadas en ambos centros educativos, en las que los alumnos analizaron el contexto actual y definieron las acciones a llevar adelante para visibilizar lo que consideran una crisis presupuestaria y funcional.
Los establecimientos involucrados son el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. La medida comenzó una vez finalizado el turno vespertino, con la permanencia de los estudiantes dentro de los edificios, aunque se acordó que las clases no se suspenderán por completo: cada alumno podrá elegir libremente adherirse a la protesta o continuar con sus actividades académicas habituales. Además, se organizarán espacios de clases públicas y actividades abiertas para dar a conocer los motivos del reclamo a toda la comunidad.
El eje central de la demanda es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada a finales del año anterior, pero cuya aplicación quedó suspendida por medidas judiciales. Esta ley establece pautas claras para la actualización automática de los presupuestos destinados a las universidades nacionales, así como para la recomposición salarial del personal docente y no docente. Los alumnos denuncian que, por el incumplimiento de la norma, se registran retrasos en los haberes de los trabajadores de la educación, que actualmente perciben sumas menores a las correspondientes según los parámetros establecidos, lo que provoca que muchos profesionales se trasladen a trabajar al sector privado.
Asimismo, se señala el deterioro de la infraestructura educativa como un problema grave: las instalaciones presentan deficiencias en su mantenimiento, lo que afecta la calidad de la enseñanza y las condiciones en las que se desarrollan las actividades. Los estudiantes advierten que esta situación forma parte de un escenario general que afecta a todo el sistema de educación pública, y que consideran que pone en riesgo el carácter gratuito, accesible y de calidad que debe garantizarse para toda la población.
Desde los centros de estudiantes se indicó que la continuidad de la toma se evaluará de manera periódica mediante asambleas abiertas, donde se definirá si se mantiene la medida o se adoptan otras acciones complementarias. El reclamo busca generar conciencia sobre la importancia de defender la educación pública como un derecho fundamental, y exigir a las autoridades que se respeten las leyes vigentes y se asignen los recursos necesarios para garantizar su
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