Más desregulación: el Gobierno acabó con Ahora 12 y Precios Cuidados Redactada por noticiaspocito.

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en su política de liberalización económica y desburocratización, al oficializar la eliminación de 58 normativas vinculadas al comercio interior. La medida se concretó a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, emitidas por la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, y se suma a más de 240 regulaciones que ya fueron derogadas desde el inicio de la gestión. Según los fundamentos oficiales, estas normas generaban ambigüedad legal y distorsionaban el funcionamiento natural del mercado.

Entre las decisiones más relevantes, se dio de baja definitivamente el marco legal de los programas de financiamiento Ahora 12 y su reemplazo posterior, Cuota Simple. El argumento del Poder Ejecutivo es que estas iniciativas funcionaban como una forma de intervención indirecta en el sistema crediticio, alterando el flujo de financiamiento privado. También se eliminaron las 22 disposiciones que regían el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, un fideicomiso creado para subsidiar el precio de la harina con recursos de retenciones a exportaciones, pero que era muy cuestionado por demoras en los pagos y falta de transparencia en su distribución.

Otra modificación importante alcanza al sector educativo privado: se eliminó la obligación de informar anticipadamente los aumentos de aranceles ante la autoridad comercial. Desde el Gobierno se sostiene que esta exigencia burocrática generaba el efecto contrario al deseado, ya que los establecimientos solían aplicar subas preventivas para cubrir posibles demoras administrativas.

Asimismo, se suprimió la última regulación que quedaba vigente del programa Precios Cuidados y se simplificaron los canales de atención al consumidor. Se eliminó una norma que creaba vías separadas para adolescentes, con el objetivo de unificar los reclamos, agilizar los trámites y optimizar los recursos públicos, en línea con la idea de que el mercado debe regularse por las leyes de oferta y demanda.

De esta forma, el Estado reduce su intervención directa e indirecta en distintos sectores, con el objetivo declarado de brindar mayor seguridad jurídica y reducir cargas administrativas para empresas y usuarios.