
El Gobierno de San Juan oficializó modificaciones al régimen de inversiones mineras con el objetivo de generar condiciones más atractivas para la llegada de nuevos capitales y la expansión de proyectos existentes. La normativa actualizada simplifica trámites administrativos, reduce plazos de aprobación y establece beneficios fiscales diferenciales para emprendimientos que cumplan con estándares ambientales y de desarrollo local.
Entre los cambios principales se destacan la agilización de los estudios de impacto ambiental, la posibilidad de acceder a estabilidad tributaria por plazos extendidos y facilidades para la repatriación de utilidades. Las autoridades explicaron que la medida busca fortalecer el sector como motor económico, generar empleo calificado y promover el crecimiento de la cadena de valor en la provincia.
La flexibilización se enmarca en una política de competitividad regional, en la que se busca posicionar a San Juan como un destino seguro y predecible para la inversión. Al mismo tiempo, se mantienen los controles estrictos sobre el cuidado de los recursos hídricos y la protección del medio ambiente, requisitos indispensables para acceder a los beneficios establecidos.
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