Un preceptor de 52 años fue condenado a diez años de prisión efectiva por delitos de corrupción de menores agravada, producción y tenencia de material de abuso sexual infantil y grooming. El hecho ocurrió en la escuela donde trabajaba, donde estableció contacto con una alumna de 16 años.
La investigación comenzó cuando la madre de la menor revisó su teléfono y encontró conversaciones inadecuadas. Se comprobó que mantuvieron encuentros en su vivienda, donde tomó fotografías y grabó videos de contenido íntimo. A través de un juicio abreviado, el imputado reconoció su responsabilidad y se acordó la pena.
Además de la condena, se ordenó su incorporación al Banco de Datos Genéticos. La sentencia responde a la gravedad de los hechos y a la condición de educador, que agrava la responsabilidad por la confianza depositada en su rol.
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