
El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno trabaja en el diseño de este mecanismo fiscal, inspirado en el modelo estadounidense, que impediría a los organismos públicos realizar nuevos gastos una vez agotadas sus partidas presupuestarias asignadas. “Cuando se agota el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, explicó el mandatario, como parte de su estrategia para lograr el equilibrio fiscal, en paralelo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que busca prohibir el financiamiento monetario del Tesoro.
A diferencia de Estados Unidos, donde el cierre se activa cuando el Congreso no aprueba el presupuesto anual, la versión argentina se dispararía automáticamente por el agotamiento efectivo de los fondos. Quedan pendientes definiciones clave: qué áreas se considerarán esenciales y cuáles se verán afectadas, cómo se aplicará el límite —por ministerio, programa o partida— y quién tendrá la facultad de activarlo o si el sistema financiero lo hará automáticamente. Podrían verse afectadas obras públicas, contrataciones, campañas oficiales, programas sociales, transferencias provinciales y gastos operativos no prioritarios, mientras que salud, seguridad, justicia, emergencias, jubilaciones y salarios de personal esencial serían difíciles de suspender.
La iniciativa podría generar tensiones con las provincias, ya que las transferencias nacionales podrían interrumpirse si se agotan las partidas correspondientes. Además, especialistas advierten riesgos de judicialización si se dejan de cumplir obligaciones, por lo que se trabajará en un marco legal que respalde la medida. En Estados Unidos, el último cierre de 2025 duró 43 días, con suspensión de actividades no esenciales y personal trabajando sin sueldo hasta la reapertura del financiamiento.
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