
La Justicia Federal dictó una nueva sentencia en la causa que investigaba una organización dedicada a tramitar Documentos Nacionales de Identidad con datos ajenos desde el Registro Civil de Pocito. El juez federal Daniel Doffo, titular del Tribunal Oral Federal de San Juan, declaró penalmente responsables a seis personas por el delito de falsedad ideológica en grado de tentativa. Se trata de Carlos Fabián Prato, Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Analía Edith Rosales, Flavia de las Mercedes Vargas y Lucas Alfonso González. Todos ellos concurrieron a la oficina del Registro Civil en Pocito para que se les tomaran fotografías y huellas dactilares, pero los trámites se iniciaron a nombre de personas distintas, cuyas identidades intentaban usurpar. La investigación determinó que cada uno recibió el comprobante del trámite donde figuraba el nombre y el documento de otra persona, por lo que el magistrado consideró que no podían ignorar la irregularidad. Además, ninguno realizó el trámite en la dependencia más cercana a su domicilio y consignaron direcciones inexistentes, una maniobra para que los documentos regresaran al Registro Civil y no llegaran a las verdaderas personas afectadas. En el caso de Analía Edith Rosales, se comprobaron ciento ochenta y cinco comunicaciones telefónicas con el líder de la organización, en las que se hacía referencia directa a los documentos y a operaciones realizadas con ellos. A través de esta red, catorce personas intentaron usurpar la identidad de veintidós ciudadanos; en cinco casos los documentos llegaron a emitirse antes de que los controles del Renaper detectaran la maniobra. Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Flavia de las Mercedes Vargas y Lucas Alfonso González recibieron penas de un año y ocho meses de prisión en suspenso y multas de veinte mil pesos. Analía Edith Rosales fue condenada a dos años y dos meses de prisión en suspenso y veinticinco mil pesos de multa. Carlos Fabián Prato recibió un año y diez meses de prisión efectiva y, al verificarse que ya tenía una condena anterior en suspenso por una causa de estupefacientes, se le revocó ese beneficio y se unificaron ambas penas en tres años y diez meses de prisión efectiva. Las sentencias se suman a las dictadas anteriormente contra los jefes de la organización, entre ellos Rolando Navarro Saide y Natalia Castillo, exencargada del Registro Civil de Pocito, quien utilizaba su cargo para ingresar los trámites irregulares al sistema.
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