
Una investigación judicial de gran magnitud se desarrolla en el departamento Rawson, donde una agencia de autos está acusada de haber cometido presuntas estafas por un monto que superaría los 150 millones de pesos en perjuicio de al menos seis personas. Tres personas fueron imputadas en la causa: el dueño del negocio, Diego Alejandro Martínez; su expareja y socia, Tania Tamara Luna; y un empleado, Javier Ezequiel Arroyo Cortez. Los tres comparecieron ante la jueza de Garantías María Carolina Parra, en una audiencia en la que el fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, les atribuyó los delitos de estafa, defraudación por abuso de confianza en calidad de mandatario y libramiento de cheques sin fondos, según el grado de participación que se les imputa a cada uno. Tras la audiencia, la magistrada habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de 12 meses y dispuso que los tres imputados continúen en libertad, aunque con la prohibición de acercarse o mantener contacto con los denunciantes.
Las presuntas maniobras fraudulentas habrían consistido principalmente en recibir vehículos de terceros para su venta en consignación y no entregar el dinero correspondiente a sus dueños, así como emitir cheques sin fondos para abonar compras de vehículos o cubrir deudas pendientes. Entre los casos investigados figura el de un hombre de apellido Vetere, que entregó tres vehículos a la agencia para que los comercializara. En una de esas operaciones, vinculada con la venta de una Volkswagen Amarok, el comprador entregó un Fiat Palio, una Chevrolet S10 y 3 millones de pesos en efectivo. Según la acusación, Martínez solo habría entregado el Palio a Vetere, mientras que se quedó con la camioneta y el dinero. Además, se le imputa haber inducido al comprador a firmar nuevamente la documentación para transferir la Amarok a un tercero sin su conocimiento.
Otros damnificados reportaron pérdidas importantes. Uno de ellos habría entregado una camioneta BMW X6 por 51 millones de pesos y recibió como pago una serie de cheques que resultaron rechazados, dejando un saldo impago de 29 millones, mientras que el vehículo fue revendido apenas 43 días después. Otra víctima entregó tres vehículos y recibió en pago 22 cheques de terceros que terminaron siendo rechazados, por un total de 55 millones de pesos. En este caso, 14 de esos documentos pertenecían a una cuenta de la expareja del dueño y los ocho restantes a una cuenta del empleado. También se investiga la operación en la que cuatro vehículos cero kilómetro fueron entregados con un acuerdo de pago de 30 millones de pesos que nunca se cumplió, y la venta de bicicletas en consignación cuyos 3 millones de pesos correspondientes no llegaron a sus legítimos dueños. Durante un allanamiento realizado en el local comercial, los investigadores recuperaron dos de los cuatro vehículos nuevos involucrados en las denuncias.
La investigación continuará durante el próximo año para reunir pruebas, escuchar a los testigos y determinar con precisión el alcance real de los perjuicios y la responsabilidad que le cabe a cada uno de los acusados en estos hechos. Las personas que tengan información adicional o que hayan sido afectadas por operaciones en ese establecimiento pueden presentarse ante la fiscalía a formular su denuncia.
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