
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, volvió a poner en el centro de su agenda la minería como eje estratégico para el desarrollo de la provincia, especialmente en relación con la discusión sobre la Ley Nacional de Glaciares, una normativa clave que regula la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina. Su postura se inscribe en el impulso a actividades extractivas de minerales críticos como el cobre y el oro, que representan una de las principales fuentes de inversión y empleo para San Juan y otras provincias andinas.
Orrego sostiene que la actual legislación sobre glaciares, tal como está, genera incertidumbre jurídica para los proyectos mineros, porque deja zonas sensibles sin definiciones claras sobre dónde sí o no se puede invertir, lo que afecta específicamente a yacimientos y emprendimientos ubicados en áreas montañosas de la provincia. Por ello, ha planteado la necesidad de avanzar en reglamentaciones o en una ley aclaratoria que otorgue mayor certidumbre a inversores y empresas, con la idea de que las provincias tengan un rol más definido como autoridad de aplicación de la norma.
Orrego ha llevado esta posición a distintos foros y reuniones con autoridades nacionales, entre ellas una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, donde se conversó sobre la Ley de Glaciares junto con otros temas de la agenda provincial. En esos encuentros, enfatizó también el vínculo entre la minería y otros sectores productivos y la importancia de que la normativa federal no frene el desarrollo.
Como presidente de la Mesa del Cobre —un espacio integrado por provincias con minería relevante— Orrego ha subrayado que la minería sigue siendo una política de Estado para San Juan, y que la modificación o reglamentación de la normativa debe buscar seguridad jurídica, inversión responsable y un marco claro para el crecimiento del sector. Este enfoque también ha sido compartido por entidades del sector minero que apoyan propuestas de clarificación de la legislación para compatibilizar protección ambiental con desarrollo productivo.
La postura de Orrego ha generado debate público y reacciones diversas, incluyendo movilizaciones de grupos ambientalistas que rechazan cambios en la Ley de Glaciares por considerar que pueden afectar la protección del agua y del medio ambiente.
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