
Un importante operativo judicial se realizó en la noche del miércoles en la concesionaria de motos ubicada en la intersección de avenida Rioja y calle 25 de Mayo en Capital de San Juan, luego de múltiples denuncias de clientes por presuntas estafas en la venta de motocicletas.
El procedimiento, ordenado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Estafas y Delitos Informáticos, comenzó alrededor de las 20:30 y se realizó bajo fuerte custodia policial. Durante la inspección, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y diversa documentación que será analizada para avanzar en la causa judicial.
La medida se produjo luego de que más de un centenar de personas denunciaran que abonaron motocicletas al contado y no recibieron los vehículos ni la documentación para poder patentarlos. Algunos clientes que sí recibieron motos denunciaron que los rodados eran distintos a los pactados o que nunca llegaron los papeles necesarios para circular legalmente.
El local comercial permanecía cerrado y custodiado por efectivos al momento del operativo. Decenas de damnificados se concentraron en las puertas de la concesionaria a la espera de novedades sobre la investigación, mientras que Defensa al Consumidor convocó a una audiencia colectiva para el 30 de enero con el objetivo de que los responsables de la empresa brinden explicaciones y ofrezcan posibles soluciones a quienes sufrieron perjuicios.
Según fuentes vinculadas al proceso, los reclamos por incumplimientos contractuales y falta de entrega de unidades suman ya más de 200 expedientes, lo que refleja la magnitud del conflicto que mantiene en vilo a numerosos compradores.
En el marco de las manifestaciones previas al allanamiento se registraron episodios de tensión entre clientes y personal de la concesionaria, incluido un caso en el que un empleado fue agredido físicamente durante un reclamo, lo que llevó a la intervención policial.
La causa continúa su curso y se espera que las pruebas obtenidas durante el operativo -incluyendo teléfonos y documentación- aporten elementos clave para determinar posibles responsabilidades penales en torno a las presuntas estafas denunciadas.
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