Promulgaron la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años y crea un nuevo régimen penal juvenil Redactada por noticiaspocito

El Gobierno nacional promulgó la ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina y que fija la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. La medida representa una de las reformas más importantes del sistema penal juvenil en las últimas décadas y modifica el esquema legal que regía desde 1980.

La norma fue aprobada por el Congreso luego de un amplio debate legislativo y obtuvo su sanción definitiva en el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. De esta manera se reemplaza el régimen anterior que establecía que los menores de 16 años no podían ser juzgados penalmente.

Con la nueva ley, los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados por delitos bajo un sistema especial diseñado para menores. Sin embargo, el régimen establece reglas distintas a las del sistema penal de adultos y contempla sanciones progresivas según la edad y la gravedad del delito.

Entre los principales cambios se establece que los jóvenes de 14 y 15 años tendrán reducciones en las escalas penales. En el caso de los adolescentes de 14 años, la pena se reduce a la mitad, mientras que para quienes tengan 15 años la reducción será de un tercio. A partir de los 16 años se aplicará la escala completa prevista dentro del régimen juvenil.

La legislación también fija límites claros a las condenas. Para delitos graves la pena máxima será de hasta 15 años de prisión, aunque la privación de la libertad deberá aplicarse como último recurso y solo en los casos más graves. Además, se mantiene la prohibición de aplicar prisión perpetua a menores de edad.

Para delitos de menor gravedad, los jueces podrán aplicar medidas alternativas como amonestaciones, trabajos comunitarios, programas educativos, libertad asistida o restricciones de acercamiento. El objetivo del sistema es priorizar la reinserción social y evitar que los jóvenes continúen en circuitos delictivos.

Otro de los puntos centrales de la ley es que los adolescentes condenados no podrán ser alojados en cárceles de adultos. En su lugar deberán permanecer en centros especializados con personal capacitado y con programas educativos y de formación laboral que acompañen su proceso de reintegración social.

La normativa también establece que los padres o responsables legales podrán tener responsabilidad civil por los daños causados por sus hijos menores de edad, con el objetivo de reforzar el compromiso familiar frente a los hechos delictivos cometidos por adolescentes.

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad generó fuertes discusiones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores sostienen que la medida permitirá enfrentar delitos cometidos por menores, otros advierten que podría afectar derechos de niños y adolescentes y plantean que la solución debe incluir políticas sociales y educativas.

Con la promulgación de esta ley comienza una nueva etapa en la justicia penal juvenil del país, que ahora deberá adaptarse a este nuevo marco legal y desarrollar las estructuras necesarias para su aplicación en todo el territorio nacional.

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