Unas 60 familias ocuparon un terreno en Pocito al costado de las vías del tren Redactada por noticiaspocito

Un grupo de aproximadamente 60 familias se estableció de manera irregular en un predio ubicado al costado de las vías del tren, en el departamento Pocito, provincia de San Juan, en un hecho que generó preocupación entre autoridades municipales, vecinales y de fuerzas de seguridad.

El terreno ocupado, que no cuenta con servicios básicos ni infraestructura habilitada para vivienda, fue tomado por decenas de personas que llegaron al lugar con sus pertenencias y armando ranchos y viviendas precarias, argumentando la necesidad de contar con un lugar donde vivir ante la falta de acceso a soluciones habitacionales en la zona.

Según relataron los ocupantes, muchos de ellos vienen de sectores vulnerables o con dificultades económicas, y decidieron instalarse en el predio debido a la falta de alternativas de vivienda accesibles, lo que llevó al grupo a establecerse junto a las vías del tren pese al riesgo que ello representa por la cercanía a un corredor ferroviario en actividad.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación ante la ocupación, advirtiendo que la cercanía a las vías representa un peligro para la seguridad de los niños y adultos que habitan allí, además de la ausencia de servicios como agua potable, electricidad y saneamiento, lo que eleva los riesgos sanitarios y de salubridad.

Autoridades municipales y de urbanismo de Pocito indicaron que ya se encuentran evaluando la situación y que se buscará un canal de diálogo con los ocupantes para analizar posibles soluciones de reubicación o alternativas habitacionales, respetando las normativas vigentes y evitando que la situación derive en conflictos mayores.

Por su parte, efectivos de la Policía de San Juan realizaron tareas de monitoreo en el lugar para garantizar el orden público y evitar que se produzcan incidentes, aunque no se informó por el momento sobre desalojos forzosos. El predio está en evaluación para determinar cuál será el plan de acción municipal y si corresponde gestionar programas de asistencia social o habitacional para las familias involucradas.

Organizaciones sociales y de derechos humanos vienen siguiendo el desarrollo del caso y han señalado la importancia de abordar este tipo de situaciones con políticas públicas integrales, que contemplen el acceso a la vivienda, programas de inclusión y acompañamiento social para familias en vulnerabilidad, evitando respuestas represivas que no solucionan el problema de fondo.

Las familias ocupantes manifestaron que no planean retirarse del lugar por el momento, y que permanecerán allí hasta que se avance en algún tipo de solución concreta o se instalen mesas de trabajo con autoridades que permitan encaminar acuerdos.

El caso abre la discusión sobre la crisis habitacional y la falta de políticas públicas efectivas que aseguren el derecho a una vivienda digna, tema que seguirá siendo objeto de debate entre autoridades, organizaciones sociales y la comunidad.