La Justicia de San Juan solicitó formalmente que declare la niña de 12 años que fue víctima de quemaduras mientras participaba de un acto escolar en una escuela del departamento Ullum, en un caso que sigue bajo investigación y tiene en curso una causa judicial por lesiones y posible responsabilidad institucional.
El hecho ocurrió el 12 de febrero de 2026, cuando la menor recibió quemaduras de consideración en su brazo y pecho tras una explosión de pirotecnia artesanal que se produjo en el patio del establecimiento durante un acto del ciclo lectivo. La niña fue trasladada de urgencia al hospital local y luego derivada a un centro asistencial de mayor complejidad para recibir tratamiento especializado por las lesiones.
Tras la intervención inicial de los equipos de emergencia y del personal policial, la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Ullum, que abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, las posibles responsabilidades y si hubo incumplimiento de protocolos de seguridad por parte de los organizadores del evento escolar.
En el marco de la instrucción, el juez a cargo del expediente hizo lugar al pedido de la Fiscalía para que la menor —quien se encuentra con contención psicológica y en recuperación médica— comparezca a prestar declaración testimonial, siempre con las garantías y asistencia que establece la normativa para casos que involucran a víctimas menores de edad.
La convocatoria a declarar de la niña forma parte de las diligencias probatorias que buscan reconstruir la dinámica de lo sucedido, recabar detalles directos de la víctima y contrastarlos con otros testimonios de docentes, autoridades escolares y testigos presentes en el momento del accidente.
Las autoridades judiciales también solicitaron medidas paralelas, como pericias sobre el material pirotécnico utilizado, análisis de las condiciones en que se desarrolló el acto escolar y la revisión de protocolos de seguridad para este tipo de actividades, con la finalidad de determinar si existieron negligencias o faltas que puedan haber influido en el desenlace.
El caso ha generado inquietud en la comunidad educativa y entre las familias, que hacen hincapié en la importancia de reforzar las medidas de prevención y seguridad en eventos escolares, con especial atención cuando se utilizan materiales o actividades que impliquen un riesgo físico para los estudiantes.
La fecha y modalidad de la declaración de la menor —que deberá realizarse con asistencia de profesionales y medidas de protección necesarias— serán definidas por el juez y la Fiscalía, respetando los tiempos de recuperación de la niña y las normativas vigentes para la intervención de víctimas vulnerables en procesos judiciales.
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