
Una madrugada de violencia y descontrol se vivió el 7 de septiembre, alrededor de las 4 horas, en un local de juegos de pool ubicado en el departamento Rawson. El episodio tuvo como protagonista a Enrique Guardia, quien concurrió al establecimiento de propiedad de un hombre de apellido Luna y comenzó a alterar el orden desde su llegada. Según las constancias del expediente, el hombre empezó a molestar a dos personas que jugaban y luego se incorporó a la partida, pero su actitud se tornó agresiva cuando arrojó con fuerza una bola contra la mesa, provocando un fuerte estruendo y riesgo de roturas. Ante el reclamo del dueño del local, en lugar de calmarse, Guardia comenzó a insultarlo y lanzó un envase de cerveza contra el piso o las instalaciones, haciéndolo añicos.
Cuando los presentes le pidieron que se retirara del lugar, salió del local no sin antes proferir graves amenazas contra el propietario, advirtiéndole que lo mataría. El dueño, temiendo que regresara armado o acompañado, llamó de inmediato al servicio de emergencias. Minutos después, un cuidador de vehículos de la zona le informó que el hombre había manifestado su intención de volver para cumplir su amenaza. La Policía inició entonces rastrillajes por la zona, y al poco tiempo lo localizó nuevamente en las inmediaciones de las calles Espeleta y Mendoza, arrojando objetos contra el frente de un comercio. Al advertir la presencia de los efectivos, intentó huir a pie, pero fue perseguido y detenido.
Durante el traslado hacia la dependencia policial, el comportamiento del hombre continuó siendo violento: dentro del vehículo policial dio fuertes patadas y golpeó las puertas, causando daños visibles en la unidad. Fue conducido a la Comisaría Sexta, donde se formalizó su detención y el damnificado presentó la denuncia correspondiente. Las actuaciones se tramitaron por el Procedimiento Especial de Flagrancia ante el Sistema Acusatorio provincial, bajo la dirección del fiscal Fernando Bonomo, por figuras legales que incluyeron amenazas simples y daño agravado.
El caso concluyó de manera sorpresiva para muchos: el imputado accedió a una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, evitando así la celebración del juicio oral. Durante ese lapso deberá cumplir estrictas condiciones, entre ellas realizar una reparación simbólica, efectuar trabajos comunitarios no remunerados para el Estado y abstenerse de acercarse a la víctima. Si cumple satisfactoriamente lo establecido, la causa quedará extinguida; en caso contrario, se reanudará el proceso y se llevará adelante el juicio….
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