
La investigación por la muerte de Ángel “Lita” Álaverz, una jubilada de 81 años cuyo cuerpo fue hallado en su vivienda de Santa Lucía mientras era saqueada, dio un giro radical que modificó por completo el rumbo de la causa. En un principio se creyó que la mujer había fallecido por causas naturales, teniendo en cuenta que vivía sola y registraba antecedentes de salud, entre ellos una neumonía bilateral. Sin embargo, los resultados de la autopsia y los estudios histopatológicos descartaron esa hipótesis y determinaron que fue víctima de una muerte violenta por asfixia mecánica, provocada presuntamente por la compresión sobre su rostro, posiblemente con una mano o una almohada.
Ante esta revelación, el Ministerio Público Fiscal cambió la calificación legal del hecho y pasó a investigarlo como robo seguido de muerte. El fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, de la Unidad Fiscal de Instrucción Delitos Especiales Número Cinco, plantearon este nuevo escenario durante una audiencia judicial. Hasta ese momento, las cuatro personas detenidas estaban vinculadas a una causa por hurto, bajo la suposición de que habían ingresado al domicilio tras el fallecimiento de la anciana para robar sus pertenencias. Ahora se busca establecer con certeza quién le quitó la vida y si se trata de alguno de los cuatro aprehendidos, de dos personas que permanecen prófugas o de alguien que aún no ha sido identificado.
Los estudios forenses aportaron además un dato de gran relevancia: se calcula que la mujer habría muerto aproximadamente doce días antes de que su cuerpo fuera encontrado. Durante ese lapso, los investigadores consideran que la vivienda pudo haber sido saqueada en más de una ocasión. Asimismo, se detectaron dos perfiles genéticos distintos en una de las manos de la víctima, al menos uno de ellos de origen masculino, cuyas muestras serán comparadas con las de los cuatro imputados para intentar establecer quién mantuvo contacto físico con la anciana.
Durante la audiencia, dos de los acusados, entre ellos Gabriel Pozo quien fue detenido en flagrancia mientras intentaba huir llevándose una heladera, declararon ante el juez de Garantías Pablo Leonardo León y sostuvieron que solo habían ingresado para robar y que no tuvieron nada que ver con la muerte de la mujer. Finalmente, el magistrado dispuso la prisión preventiva por el término de un año para Alexander Flores, Nahuel Vera, Gabriel Pozo y Cristian Videla, reemplazando la medida anterior que vencía en los próximos días. Los cuatro continuarán detenidos mientras avanza la investigación y se aguardan los resultados definitivos de los análisis genéticos.
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