Analizan derivar al fuero federal la investigación por la presunta megaestafa de 3300 millones Redactada por noticiaspocito

El proceso judicial vinculado a las firmas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. atraviesa una instancia decisiva respecto a su competencia, mientras las denuncias presentadas por inversores ya ascienden a 25 y el monto total del presunto perjuicio económico supera los 3300 millones de pesos. La Unidad Fiscal de Instrucción de Delitos Informáticos y Estafas evalúa declararse incompetente para intervenir en la causa, decisión que podría definirse durante la audiencia prevista para el jueves 14 de mayo, a cargo del fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli.

La discusión jurídica se centra en que las operaciones cuestionadas se enmarcan en actividades bursátiles reguladas por la Comisión Nacional de Valores, aspecto que impulsa el traslado de las actuaciones a la Justicia Federal. En ese sentido, la abogada Vanesa Laciar, representante de la mayoría de los denunciantes, presentó el 12 de mayo una nueva denuncia ante dicha instancia judicial. El caso presentado involucra a una clienta que había invertido cerca de 29 millones de pesos en bonos soberanos con vencimientos programados para los años 2039 y 2040. Según la exposición legal, dichos activos fueron utilizados como garantía en operaciones financieras sin el consentimiento de la inversora, y actualmente corren riesgo de liquidación automática por cauciones impagas. La letrada solicitó con urgencia una medida cautelar para inmovilizar los fondos y evitar la pérdida definitiva de los capitales, advirtiendo que ya se han desperdiciado días fundamentales para proteger el patrimonio de las víctimas.

Un escenario que podría complejizar aún más la situación procesal se daría si tanto la justicia provincial como la federal se declaran incompetentes para entender en el caso. De ocurrir esto, la definición sobre cuál instancia debe llevar adelante la investigación quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que generaría una dilación considerable en el avance de la causa.

Por su parte, las empresas involucradas emitieron un comunicado el pasado 8 de mayo dirigido a los afectados, en el cual atribuyeron la crisis a problemas de orden financiero y admitieron mantener obligaciones pendientes, aunque aclararon que se trata de una situación de falta de liquidez y no de insolvencia definitiva. Señalaron además que se encuentran negociando un acuerdo de reestructuración con una sociedad establecida en Barcelona, España. Como justificación de sus dificultades, mencionaron el cese de actividades en una cantera de cuarzo y feldespato ubicada en el departamento de Valle Fértil, que permaneció inactiva durante 16 meses tras un derrumbe ocurrido a fines de 2024, generando pérdidas millonarias que afectaron su capacidad operativa.

En su descargo, la compañía aclaró que los contadores mencionados en las denuncias no contaban con facultades de decisión dentro de la estructura societaria. Asimismo, indicaron que se presentaron voluntariamente ante la UFI correspondiente para ponerse a disposición de la investigación y remarcaron que poseen 18 años de trayectoria operativa en la provincia de San Juan, manifestando su intención de mantener el funcionamiento de las firmas una vez superada la coyuntura crítica.

.