
Un caso estremecedor conmocionó a la provincia de Mendoza, donde tres integrantes de una misma familia —el padre y dos de sus hijos, uno de ellos oficial de la Policía Rural— fueron detenidos y acusados de haber abusado sexualmente durante años de una mujer, hermana e hija de los imputados, en hechos que se mantuvieron ocultos por mucho tiempo por miedo y amenazas. La investigación comenzó cuando la víctima, de 35 años, se animó a contar lo que le pasaba y denunció que desde que era adolescente sufrió ataques y agresiones por parte de los tres hombres, dentro de su propia casa, en la zona de Palmira, departamento San Martín.
Ella explicó que los hechos ocurrían cuando estaban solos, que la obligaban a tomar medicamentos para que estuviera sedada y no pudiera defenderse, y que luego la amenazaban con hacerle daño a ella o a otros parientes si hablaba con alguien. El caso dio un giro clave cuando la mujer pidió saber quién era el padre biológico de uno de sus hijos, de 10 años, porque tenía dudas tras lo que había vivido. Los estudios de ADN que ordenó la Justicia confirmaron que el niño es hijo de uno de sus hermanos, que es quien trabaja en la fuerza de seguridad, y que también fue quien más veces abusó de ella, según se pudo probar en la causa.
Los tres quedaron detenidos y acusados por delitos graves, agravados por ser familiares y por haber ocurrido durante mucho tiempo. El policía, de 29 años, fue apartado de su cargo, le quitaron el arma reglamentaria y todos sus elementos de trabajo, y está imputado por abuso sexual agravado y por incesto. Su hermano mayor y el padre, de 62 años, también están detenidos y enfrentan cargos parecidos, con pruebas, testimonios y los resultados genéticos que los señalan como responsables directos de todo lo que sufrió la mujer.
Pero la investigación descubrió algo todavía peor: este mismo hermano, que no trabaja en la policía, también habría abusado de su propia hija, de 15 años, durante años, y la menor fue quien finalmente contó todo a una tía, lo que ayudó a destapar la red de violencia que vivía toda la familia. La Justicia ahora revisa si hay más víctimas o si hubo más hechos que no se conocen todavía, y se trabaja para proteger a todas las mujeres y niñas que estuvieron en peligro.
El caso se hizo conocido como “los chacales de Mendoza” por la crueldad y porque todo pasaba en el seno de una familia que parecía normal desde afuera. La víctima y sus parientes ahora están protegidos, reciben ayuda y esperan que la condena sea fuerte y ejemplar. Las autoridades explicaron que estos delitos suelen mantenerse ocultos por miedo, pero que cuando se denuncian se actúa rápido y con todo el peso de la ley. La causa sigue abierta y se espera que en poco tiempo se definan las penas para los tres acusados.
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