Antonio Ceferino Silva, de 61 años, enfrenta una nueva causa penal en la provincia de San Juan tras ser hallado conduciendo un vehículo, cuando contaba con una inhabilitación de ocho años para hacerlo. Esta restricción le fue impuesta tras ser condenado por el accidente que le quitó la vida a Nicolás Humberto Jofré en febrero de 2025.
El hecho principal ocurrió en la madrugada del 8 de febrero de 2025, en la intersección de calle Rodríguez y lateral de Circunvalación, en el departamento de Chimbas. Según la investigación, Silva conducía un automóvil marca Renault 12 y presentaba 1,04 gramos de alcohol en sangre al momento del siniestro. Al realizar un giro para ingresar a calle Recuerdo de Provincia, embistió la motocicleta marca Motomel 150cc que era conducida por Jofré, de 30 años de edad. El joven, que se desempeñaba como servicio de moto-Uber y ahorraba recursos para el bautismo de su hija menor, sufrió fractura expuesta de fémur y lesiones graves en la pelvis. Permaneció internado durante tres días hasta fallecer el 11 de febrero de ese mismo año. Dejó en la orfandad a dos niños pequeños.
En junio de 2025, mediante un juicio abreviado, Silva reconoció su responsabilidad penal. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el cual se le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación por ocho años para manejar cualquier tipo de vehículo motorizado. La medida fue homologada por el juez Sergio López Martí, a pesar de que la parte querella había solicitado una condena de cumplimiento efectivo.
Menos de un año después de esa sentencia, un familiar directo de la víctima observó a Silva conduciendo una motocicleta el 20 de diciembre de 2025 en la vía pública. El denunciante registró la acción mediante fotografías y grabaciones, material que presentó ante la justicia para iniciar la nueva denuncia.
El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Genérica, que formalizó la imputación por el delito de quebrantamiento de pena, figura que contempla una sanción de entre dos meses y dos años de prisión. Durante la audiencia realizada este martes 12 de mayo de 2026, el representante del Ministerio Público Fiscal, Jorge Sánchez, solicitó la prisión preventiva y el traslado del acusado al penal de Chimbas. Por su parte, la defensora oficial María Filomena Noriega se opuso al pedido, argumentando que no existía riesgo de fuga y que su defendido siempre cumplió con las citaciones judiciales, por lo que pidió una medida cautelar menos gravosa.
El juez de garantías Guillermo Adárvez resolvió habilitar la investigación penal preparatoria y dispuso la medida de arresto domiciliario por el plazo de 30 días. La situación procesal de Silva es delicada: en caso de ser hallado culpable en esta nueva instancia, la condena podría unificarse con la dictada anteriormente, transformando la pena de prisión condicional en una de cumplimiento efectivo.
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