
La Justicia de San Juan dictó una sentencia de siete meses de prisión efectiva contra un hombre sanjuanino, declarándolo responsable de múltiples hechos de violencia de género en contra de su expareja. La resolución judicial fue dada a conocer el lunes nueve de noviembre, después de que se comprobaran agresiones físicas, amenazas y reiterados incumplimientos de las medidas de protección que el Tercer Juzgado de Familia había dispuesto para resguardar a la víctima.
El fallo fue emitido por el juez de Garantías Eugenio Maximiliano Barbera, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes. La investigación quedó a cargo de la UFI CAVIG y permitió reconstruir todos los episodios violentos ocurridos entre septiembre y noviembre del mismo año. Durante el proceso se demostró que el condenado se acercó en varias oportunidades al domicilio de la mujer, a pesar de contar con una prohibición judicial de acercamiento y contacto.
Entre los hechos acreditados en la causa figuran amenazas de muerte hacia la víctima, un episodio en el que la sujetó de los brazos provocándole lesiones, además de tres ingresos sin autorización a la vivienda de la mujer y cuatro desobediencias a la orden judicial de alejamiento. El juzgado lo declaró autor penalmente responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, amenazas simples en dos oportunidades, violación de domicilio en tres ocasiones y desobediencia judicial en cuatro hechos.
Al tratarse de varios delitos en concurso real, el magistrado fijó una pena única de siete meses de prisión efectiva. La fiscal Florencia Pons Belmonte fue la responsable de la investigación, acompañada por las ayudantes fiscales Tamara Ruiz y Victoria Salinas, junto a la auxiliar jurídica Virginia Merlo; la coordinación del equipo correspondió a Alberto Martínez y Claudia Ruiz.
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron la importancia de realizar la denuncia ante cualquier episodio de violencia de género y exigir el cumplimiento de las medidas judiciales de protección. El caso puso nuevamente en evidencia que el incumplimiento de las restricciones de acercamiento genera consecuencias penales graves, especialmente cuando se suma a otros actos de violencia contra la víctima.
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