
Mediante un decreto oficial, el Gobierno de San Juan dispuso la exoneración de Ariel Hernán López Vera, cabo del Cuerpo Técnico de Bomberos, quien había sido condenado en marzo de 2022 por hechos de violencia de género contra su pareja. El caso se tramitó en la UFI CAVIG y se resolvió por el sistema de Flagrancia, con una pena de ocho meses de prisión condicional por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, además de daño simple. La sentencia incluyó también la prohibición de acercamiento a la víctima por un radio de 200 metros y cualquier tipo de contacto.
En paralelo a la causa penal, se abrió un sumario administrativo. El efectivo fue apartado de tareas operativas y derivado a funciones administrativas, tras determinarse que no reunía las condiciones psicológicas para portar arma reglamentaria ni cumplir funciones de seguridad. En septiembre de 2023 ya había sido cesanteado, pero el trámite continuó hasta confirmar que su conducta constituía una falta grave incompatible con la función pública. La Dirección de Bomberos había calificado además como regular su desempeño funcional.
La exoneración es la sanción máxima prevista en la normativa policial: implica la separación definitiva e irrevocable, con pérdida total del estado policial y todos los derechos inherentes, a diferencia de la cesantía que puede mantener algunos beneficios previsionales. La medida confirma la expulsión de la institución, al considerarse que la condena por violencia intrafamiliar afecta de modo grave la confianza y el prestigio que exige la función de seguridad y servicio a la comunidad.
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