
El Gobierno nacional aprobó una nueva normativa mediante la Resolución 468/2026, publicada en el Boletín Oficial, que reemplaza al protocolo vigente desde 2018. Su objetivo es actualizar y fortalecer los mecanismos de detección temprana, prevención e intervención contra la trata de personas en todos los aeropuertos del país, considerando que este delito ha evolucionado hacia estructuras más complejas y de alcance internacional.
La autoridad encargada de su aplicación es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que contará con oficiales especializados y referentes designados para abordar estas situaciones. El texto establece pautas claras para identificar indicadores de riesgo, evaluar hipótesis y actuar de forma coordinada ante casos sospechosos. Por razones de seguridad y eficacia operativa, el protocolo tiene carácter reservado.
La medida se enmarca en la protección de los derechos humanos y la defensa de la libertad y dignidad de las personas. Los aeropuertos son puntos estratégicos para el traslado de víctimas, por lo que fortalecer la vigilancia en estos espacios resulta clave para desarticular redes criminales y brindar ayuda oportuna a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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