
El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral, el mecanismo central de la reforma laboral que modificará totalmente el sistema de indemnizaciones por despido en todo el sector privado, con el objetivo de dar mayor previsibilidad financiera a las empresas y transformar las reglas de las relaciones de trabajo. La norma, dictada por los ministerios correspondientes, establece que el nuevo sistema entrará formalmente en vigor el 1 de noviembre de este año, aunque los recursos estarán disponibles para su uso recién desde abril del año próximo, tras cumplir un periodo de seis meses de aportes obligatorios previos.
El funcionamiento se basa en que cada empresa deberá hacer contribuciones mensuales calculadas sobre su masa salarial, montos que se depositarán en cuentas separadas, inembargables y administradas por Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros, todos bajo la supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores. Queda estrictamente prohibido invertir esos fondos en activos o valores del exterior, con la intención de que todo ese dinero quede en el mercado local, financie inversiones internas y se proteja de cambios bruscos en la moneda.
El nuevo esquema cambia la forma de pagar al momento de terminar un contrato: ya no será un gasto imprevisto y grande, sino un aporte acumulado mes a mes que servirá para cubrir desvinculaciones, acuerdos o incluso pagos por fallos judiciales. Se definió además que la administración queda abierta a entidades privadas competidoras, con topes máximos para las comisiones que cobran, y se descartó que quede solo en manos de la banca pública o que se limite únicamente a pequeñas y medianas empresas, como pedía parte de la oposición.
Esta medida forma parte de los cambios estructurales impulsados por la gestión del presidente Javier Milei, y redefine cómo se calculan, guardan y usan los recursos destinados a estas obligaciones laborales. Desde el Palacio de Hacienda explicaron que la idea es dar seguridad a las compañías, facilitar la creación de empleo y ordenar costos, aunque el tema sigue generando debate entre quienes apoyan la modernización y quienes señalan que podría modificar los derechos y garantías que tenían los trabajadores hasta ahora.
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