
Un episodio ocurrido el lunes por la mañana en una vivienda de calle Mitre, en el departamento Capital, generó dos investigaciones paralelas y abrió un debate sobre el accionar policial y la aplicación de protocolos de género. El hecho comenzó cuando una hermana de la mujer realizó una llamada de auxilio alertando sobre una presunta agresión por parte de la pareja de la damnificada.
Al llegar al domicilio, se desató una situación confusa: los efectivos policiales denunciaron que la mujer, quien se desempeña como empleada en una Unidad Fiscal de Investigación del Ministerio Público, reaccionó de forma violenta y agredió a los uniformados. Por este motivo, iniciaron una causa por lesiones, daño a la propiedad y desobediencia a la autoridad, que quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia para determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos.
Por otro lado, allegados a la mujer presentaron una versión distinta: señalaron que la víctima presentaba lesiones visibles compatibles con una agresión previa, pero que durante el procedimiento no recibió la contención adecuada y fue tratada como una imputada, incluso habría sido esposada. Critican que no se haya aplicado la perspectiva de género obligatoria en estos casos y remarcan que la información no trascendió por los canales oficiales habituales, lo que generó suspicacias en ámbitos judiciales y policiales.
En paralelo, se abrió una segunda investigación en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Intrafamiliar y de Género, para analizar la presunta agresión inicial por parte de la pareja de la mujer. Este hombre permanece detenido mientras avanza la recolección de testimonios, informes médicos y demás pruebas que permitan aclarar la secuencia completa de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
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