
El fiscal federal Fernando Alcaraz elevó a juicio la causa contra 18 integrantes de una organización dedicada a comercializar cocaína tanto dentro del Penal de Chimbas como en barrios de Santa Lucía y Chimbas. La investigación se extendió entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 y reveló una estructura familiar jerarquizada. Al frente se encontraba Rodolfo Daniel Carrizo, conocido como el Jetón, quien desde el Pabellón 4, Sector 2, controlaba la venta de estupefacientes y almacenaba parte de la mercadería en el taller de carpintería del establecimiento penitenciario. Dentro de la cárcel también actuaban Facundo Martín Torraga y Gabriel Antonio Villarroel como vendedores directos. Ivana Gabriela Gómez, pareja de Carrizo, funcionaba como enlace con el exterior, llevando los registros de las operaciones y gestionando los cobros.
En la estructura externa, Óscar Nahuel Carrizo, sobrino del Jetón, y su pareja Carla Luciana Brizuela Robledo coordinaban la compra, fraccionamiento y distribución de la droga en la vía pública. Los restantes imputados cumplían funciones como vendedores, encargados de puntos de venta y administradores de cuentas digitales. Se comprobó que la organización movió más de ochocientos millones de pesos a través de billeteras virtuales, con operaciones que en algunos casos superaban los veinte millones mensuales sin respaldo de actividad lícita. Además, se detectó el lavado de ciento trece millones mediante la compra de cuatro lotes y un vehículo cero kilómetro a nombre de familiares. El Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan fijará próximamente la fecha de inicio del debate. El fiscal solicitó penas de hasta diez años de prisión para los cabecillas y de entre tres y siete años y medio para el resto de los involucrados.
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