
El escándalo judicial contra la firma de inversiones Global Market Valores S.A. y la sociedad GMI Inversiones S.A. continúa creciendo día a día en la provincia de San Juan. Desde que se presentaron las primeras denuncias por falta de devolución de capitales invertidos, el monto estimado del perjuicio económico ascendió de los 2800 millones iniciales a más de 3320 millones de pesos, según los últimos cálculos realizados por los representantes legales de las víctimas.
En un lapso de solo cinco días, transcurridos entre el 6 y el 11 de mayo, la cantidad de denuncias radicadas en la justicia pasó de 12 a 25 presentaciones. Cada uno de los nuevos reclamantes declaró haber entregado sumas que oscilaron entre los 30 y los 50 millones de pesos. Al establecer un promedio de 40 millones por caso, se estima que estos nuevos reclamos representan unos 520 millones adicionales a la cifra original. Muchos de estos afectados habían adquirido bonos y herramientas financieras a largo plazo, con vencimientos pactados para los años 2030, 2048 y fechas posteriores, motivo por el cual solo ahora advirtieron que sus inversiones no figuraban en su patrimonio.
La mayoría de las personas damnificadas son trabajadores activos y jubilados que confiaron sus ahorros a una empresa que operaba en la provincia desde hace 18 años sin antecedentes de irregularidades. La situación genera gran incertidumbre ya que hasta el momento las autoridades no han ordenado medidas cautelares sobre las cuentas bancarias de Gustavo Omar Ahumada, señalado como titular de las firmas involucradas. La abogada Vanesa Laciar, que representa a casi todos los denunciantes, solicitó formalmente el congelamiento de activos y la trazabilidad de los fondos, petición que aún no fue resuelta por el fiscal Nicolás Alvo ni su ayudante Silvina Putelli, integrantes de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.
Se prevé que el próximo viernes se realice una audiencia clave, en la que existe la posibilidad de que el juzgado se declare incompetente para intervenir, derivando la causa a la Justicia Federal. Esta eventual modificación en el curso de la investigación podría demorar aún más cualquier resolución que proteja el patrimonio de los afectados.
Por su parte, desde Global Market emitieron un comunicado oficial en el que atribuyeron la crisis a problemas de liquidez y no de insolvencia definitiva. Admitieron deudas pendientes con sus clientes y explicaron que están en negociaciones para reestructurar su deuda con una empresa establecida en Barcelona, España. Además, vincularon sus dificultades financieras al cierre por 16 meses de una cantera de cuarzo y feldespato ubicada en el departamento Valle Fértil, la cual sufrió un derrumbe a finales de 2024 y generó pérdidas millonarias. En el mismo escrito, señalaron que los contadores mencionados en el expediente no contaban con poder decisorio, comunicaron que se presentaron voluntariamente ante la justicia y expresaron su intención de continuar operando en San Juan una vez superada la crisis financiera.
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