
El oficial inspector Matías Carrizo, integrante de las Fuerzas de Operaciones Especiales y uno de los encargados de las capacitaciones sobre el uso de las pistolas Taser que adquirió el Gobierno de San Juan, quedó envuelto en un polémico episodio ocurrido el viernes por la noche en una sucursal de supermercado ubicada sobre avenida Benavídez, cerca de calle Maradona, en el departamento Capital. Vestido de civil y acompañado por otra persona, el efectivo realizó compras en el local y al momento de abonar en caja habría declarado y pagado solamente una parte de los productos, mientras que otros permanecieron sin registrarse ni ser abonados. Personal de seguridad del establecimiento, que había advertido la maniobra mediante el monitoreo de cámaras, lo interceptó antes de que pudiera retirarse del local. Al ser descubierto, el oficial habría reconocido los hechos y solicitó que no se formulara la denuncia. Se dio aviso de inmediato al servicio de emergencias y tomaron intervención efectivos del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría 26ª y el fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Tras las gestiones correspondientes, la encargada de la sucursal consultó con las autoridades de la firma comercial, quienes autorizaron a no presentar denuncia penal con la condición de que se abonara la totalidad de lo adeudado. El oficial desembolsó aproximadamente setenta y seis mil pesos por los productos omitidos, hecho que quedó registrado en el acta correspondiente. El fiscal de turno aplicó el Criterio de Oportunidad contemplado en la legislación procesal provincial, por lo que no se inició causa penal en su contra. Sin embargo, el caso fue puesto en conocimiento de la Subsecretaría de Control de Gestión, que analiza la apertura de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades y aplicar, de corresponder, las sanciones disciplinarias que el hecho amerita.
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