
En la Legislatura de Mendoza se presentó una iniciativa que busca modificar la normativa de tránsito vigente para establecer sanciones más severas cuando quien comete la infracción sea una persona que ejerce cargos en el Estado. El proyecto prevé incorporar un agravante específico: si un funcionario es detectado con alcoholemia superior al límite permitido, deberá abonar el doble del valor de la multa que corresponde a cualquier conductor común, y también se duplicarían los plazos de inhabilitación para conducir. La medida alcanza a funcionarios de todos los poderes del Estado, tanto provinciales como municipales, sin distinción de jerarquía, bajo el argumento de que quienes representan a la ciudadanía deben ser los primeros en dar el ejemplo y cumplir estrictamente la ley. Los impulsores recordaron que en los últimos meses se registraron varios casos de funcionarios y legisladores sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, lo que hace necesario reforzar el efecto disuasivo de la norma. Actualmente la iniciativa se encuentra en etapa de análisis en las comisiones correspondientes y aún no ha sido tratada en el recinto; de aprobarse, se aplicaría inmediatamente a partir de su reglamentación.
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